Las prioridades de los partidos políticos no siempre son los asuntos de mayor interés nacional. Una muestra clara de esto es el actual debate parlamentario y algunas de las posibles medidas aprobadas en la última sesión plenaria de la presente legislatura, que inicia hoy,miércoles 29 de Abril.
La irrelevante discusión sobre la reforma constitucional para prohibir los matrimonios entre personas del mismo sexo y la sospechosa propuesta de reforma al Registro Natural de las Personas Naturales planteadas por los partidos de derecha, se impusieron a la necesidad de aprobar urgentes proyectos de ley presentados por organizaciones cívicas.
Incluso, el desvergonzado intento del PCN y PDC de exonerarse del pago de la deuda política, la probable aparición a última hora de la propuesta de indemnizar a funcionarios salientes y otras medidas repudiables, podrían impedir la elección del fiscal general y el aval a las escuchas telefónicas en investigaciones judiciales.
Propuestas referidas al acceso a la información pública, garantía del derecho al agua, defensa de los consumidores, prohibición de la minería de metales y otros aspectos que constituyen verdaderas demandas de la población, quedaron fuera del debate y la negociación de los grupos parlamentarios.
Desde una perspectiva de políticas públicas, las acciones de todas las instituciones estatales (Asamblea Legislativa, ministerios, entes autónomos, alcaldías, etc.) responden a demandas sectoriales o nacionales, tendientes a la solución de problemas, cumplimiento de derechos o prevención de riesgos ambientales, económicos y sociales.
En este sentido, es ilógica la relevancia que algunos diputados conservadores otorgan a temas que no figuran entre las preocupaciones reales de las familias y –menos– del país en su conjunto, agobiado por el desempleo, inseguridad, alto costo de la vida y demás problemáticas sobre las que poco o nada actuó la legislatura que agoniza.
Por el contrario, una ley que transparente la administración pública y abra las puertas de la información gubernamental a la ciudadanía, es de primera importancia para consolidar la democracia. Lo mismo, un marco legal que garantice el agua suficiente y de calidad a la población. Y qué decir de una normativa que resguarde a la nación entera de los peligros de la minería metálica.
Esta legislatura deja una deuda enorme. Ojalá la siguiente no responda al interés de partidos que no representan el sentir ciudadano ni a los caprichos de personajes ultraconservadores, sino a las exigencias ciudadanas que serán reiteradas desde el primer momento de su gestión. La dinámica iniciada el pasado 15 de marzo, no deja otra opción.
La nueva Asamblea Legislativa deberá acatar esa lección y actuar consecuentemente con ella. Si no lo hace, país se lo cobrará muy caro.
[Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica]
La irrelevante discusión sobre la reforma constitucional para prohibir los matrimonios entre personas del mismo sexo y la sospechosa propuesta de reforma al Registro Natural de las Personas Naturales planteadas por los partidos de derecha, se impusieron a la necesidad de aprobar urgentes proyectos de ley presentados por organizaciones cívicas.
Incluso, el desvergonzado intento del PCN y PDC de exonerarse del pago de la deuda política, la probable aparición a última hora de la propuesta de indemnizar a funcionarios salientes y otras medidas repudiables, podrían impedir la elección del fiscal general y el aval a las escuchas telefónicas en investigaciones judiciales.
Propuestas referidas al acceso a la información pública, garantía del derecho al agua, defensa de los consumidores, prohibición de la minería de metales y otros aspectos que constituyen verdaderas demandas de la población, quedaron fuera del debate y la negociación de los grupos parlamentarios.
Desde una perspectiva de políticas públicas, las acciones de todas las instituciones estatales (Asamblea Legislativa, ministerios, entes autónomos, alcaldías, etc.) responden a demandas sectoriales o nacionales, tendientes a la solución de problemas, cumplimiento de derechos o prevención de riesgos ambientales, económicos y sociales.
En este sentido, es ilógica la relevancia que algunos diputados conservadores otorgan a temas que no figuran entre las preocupaciones reales de las familias y –menos– del país en su conjunto, agobiado por el desempleo, inseguridad, alto costo de la vida y demás problemáticas sobre las que poco o nada actuó la legislatura que agoniza.
Por el contrario, una ley que transparente la administración pública y abra las puertas de la información gubernamental a la ciudadanía, es de primera importancia para consolidar la democracia. Lo mismo, un marco legal que garantice el agua suficiente y de calidad a la población. Y qué decir de una normativa que resguarde a la nación entera de los peligros de la minería metálica.
Esta legislatura deja una deuda enorme. Ojalá la siguiente no responda al interés de partidos que no representan el sentir ciudadano ni a los caprichos de personajes ultraconservadores, sino a las exigencias ciudadanas que serán reiteradas desde el primer momento de su gestión. La dinámica iniciada el pasado 15 de marzo, no deja otra opción.
La nueva Asamblea Legislativa deberá acatar esa lección y actuar consecuentemente con ella. Si no lo hace, país se lo cobrará muy caro.
[Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica]